Fecha: 01-05-2012. Fuente: En Lucha. Por Jesús M. Castillo.

Cerca del 47% de las superficie andaluza corresponde a tierras de cultivo, situadas en su mayor parte en el valle del río Guadalquivir. Al norte y sur del Valle del Guadalquivir dominan dehesas y áreas forestales, aunque la agricultura es también el uso dominante en algunas zonas.

Más del 56% de las tierras agrícolas andaluzas están concentradas en unas 6.000 fincas pertenecientes a unas pocas familias, entre las que destaca la Casa de Alba con cerca de 34.000 hectáreas, la mayor parte en Andalucía. Y las concentraciones parcelarias siguen aumentando a la vez que Andalucía está a la cabeza en el abandono de tierras agrícolas en el Estado español (un 28% entre 2000 y 2006). Cada año, decenas de propietarios se ven obligados a vender sus tierras que son adquiridas por propietarios mayores. Gran parte de las dehesas y las tierras forestales también están concentradas en enormes latifundios.

Podemos decir sin exagerar que el estado de conservación ambiental general de los campos agrícolas andaluces es penoso. Los grandes terratenientes andaluces han demostrado su desprecio por la conservación del entorno. Por ejemplo, incumplen sistemáticamente la Ley de Aguas invadiendo las zonas “de servidumbre” y “de policía” en las riberas y cultivando encima de “cauces privados”. Estas prácticas ilegales conllevan el deterioro, cuando no la desaparición total de la vegetación de ribera (conocida como “bosque en galería”) que cumple funciones ecológicas claves como el ciclado de nutrientes, la lucha contra la erosión, la regulación climática o el mantenimiento de la biodiversidad. Además, los grandes terratenientes andaluces han despreciado y desprecian, en general, el mantenimiento de elementos singulares del paisaje, como pozos, setos vegetales y paredes de piedra, y de paisajes agrícolas tradicionales, como los almendrales, los higuerales o las huertas, también importantes para la conservación de la biodiversidad y el paisaje. También es habitual el uso excesivo e inadecuado de fertilizantes químicos y fitosanitarios, siendo frecuente, por ejemplo, la contaminación de acuíferos con nitratos. A estas prácticas agrícolas agresivas hay que sumar la eliminación gradual de manchas de vegetación silvestre, al extender el laboreo a elevadas pendientes ocupadas históricamente por formaciones arbustivas y arbóreas. Incluso, algunas vías pecuarias son ocupadas por los cultivos latifundistas. Además, los latifundios sufren de una escasa diversidad de cultivos que aumenta su sensibilidad frente a eventos catastróficos como plagas, sequías o heladas. La erosión se extiende sin control por muchas fincas, resultado de un laboreo excesivo y extendido a fuertes pendientes, estando el 70% de la superficie agrícola andaluza amenazada por erosión. Un buen indicador ecológico de estas prácticas insostenibles de los terratenientes son las numerosas aves esteparias amenazadas en Andalucía, como el sisón, la avutarda, las gangas o el alcaraván.

En conservación ambiental cada día somos más conscientes que no basta con contar con zonas protegidas donde estén regulados los usos, sino que es clave extender la política de conservación a todo el territorio utilizando y potenciando, por ejemplo, elementos del paisaje como los cauces fluviales y las vías pecuarias como corredores ecológicos. Así, no es suficiente para la conservación de nuestro capital natural que las zonas protegidas ocupen cerca del 30% de la superficie andaluza (un 10% de estas son tierras agrícolas). Hay que ir más allá y es necesario establecer un nuevo modelo de protección territorial en el que se potencie el papel de las tierras agrícolas, el cual se ve frenado por las prácticas terratenientes unidas a la inoperancia de la Junta de Andalucía y la política de subvenciones agrícolas de la Unión Europea. Aunque Andalucía cuenta con cerca de 870.000 hectáreas de agricultura ecológica, lo que suponía el 54% del total estatal en 2010 y cerca del 20% de la superficie agrícola andaluza, en estas tierras disminuyen algunos de los impactos socioambientales derivados, por ejemplo, del uso de fitosanitarios, pero no aquellos relacionados con una gestión deficiente del paisaje agrario.

La destrucción del capital natural de las tierras de cultivo es producto del modelo agrícola de los terratenientes, guiado fundamentalmente por los mayores beneficios económicos con la menor inversión posible. El resultado: extensos monocultivos de secano o su intensificación en regadíos insostenibles. Sin embargo, se trata de una postura muy poco inteligente ya que desprecia los bienes y los servicios que ofrece la Naturaleza y que son beneficiosos para los cultivos, como el hospedaje de predadores de plagas y de especies cinegéticas en la vegetación de lindes y riberas.

Como vemos, la gestión agrícola insostenible de los grandes terratenientes ha conducido y mantiene un paisaje socioeconómico, estético y ecológico muy empobrecido en Andalucía, que además niega la soberanía alimentaria al pueblo andaluz. Esto se une, y es a la vez consecuencia, del subdesarrollo andaluz pactado entre los grandes terratenientes y las burguesías madrileña, catalana y vascas que ha llevado a que los productos agropecuarios andaluces se exporten en su mayoría sin transformar (con muy poco valor añadido y generando poco empleo).

No podemos siquiera imaginar cómo sería nuestra Andalucía con una gestión sostenible y armónica de sus extensas tierras de cultivo, cómo se diversificaría el paisaje, la de empleo que crearía…

En vista de que los terratenientes andaluces han demostrado una imposibilidad histórica para conservar las tierras agrícolas andaluzas, y en vista de la desigualdad y la injusticia social que supone la concentración de tierras en unas pocas manos en un momento de crisis sistémica como el actual (que posiblemente se extenderá durante lustros sino décadas), es más necesaria que nunca una reforma agraria en Andalucía. Una reforma agraria que reparta la tierra entre grandes cooperativas de jornaleros/as y desemplados/as, a la vez que apueste decididamente por mejorar la calidad ambiental de nuestros campos.

El camino hacia esta reforma agraria es el camino de la lucha, el de decenas, sino cientos, de manifestaciones masivas y ocupaciones de fincas como la de Somonte (Palma del Río, Córdoba) por parte de compañeros/as del SAT, a los/as que envío toda mi solidaridad en estos momentos en los que se está produciendo, justamente, su desalojo por la guardia civil. ¡Un desalojo, dos ocupaciones! ¿Reforma agraria? ¡Ahora!

Jesús M. Castillo es militante de En lucha y profesor de Ecología en la Universidad de Sevilla. La editorial Virus ha publicado su libro ‘Migraciones ambientales: huyendo de la crisis ecológica en el Siglo XXI’.